Tras afirmar que la política social que el gobernador ha impulsado y contribuido a contener los efectos de la crisis económica y a disminuir las brechas de desigualdad social, al ofrecer alternativas de desarrollo para mujeres, adultos mayores, niños indígenas, jóvenes y familias en condiciones de pobreza extrema, el funcionario estatal explicó que estas acciones tienen que ampliar su cobertura, en razón del tres elementos: el crecimiento social absoluto de la población, el universo potencial de beneficiarios de los programas, es decir, la población que vive algún tipo de pobreza (alimentaria, de capacidades o patrimonial), y la obligatoriedad de ampliar el presupuesto para el gasto social, que señala la Ley de Desarrollo Social de la entidad.
Resaltó que una de las metas transexenales demandadas por el gobernador Enrique Peña Nieto, es justamente garantizar a la población el pleno ejercicio de sus derechos sociales, y que es posible a través de dichos programas.
El Estado de México crece en 192 mil habitantes cada año, una población que en su búsqueda de nuevas y mejores oportunidades exige servicios que el gobierno brinda; además, de acuerdo con la medición nacional de la pobreza hay aproximadamente 1.2 millones de personas en condiciones de extrema necesidad, explicó al referirse a la medición multidimensional de la pobreza más reciente, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
No obstante que a la fecha esta Secretaría entrega apoyos a través de los programas Pensión Alimenticia para Adultos Mayores, Mujeres Trabajadoras Comprometidas, Compromiso con el Futuro, Seguridad Alimentaria y Apadrina a un Niño Indígena; y que estos han crecido en los últimos años, aún existe población a la cual no ha sido posible atender y requieren de un apoyo del gobierno a través de estos programas o, más aún, existen grupos de población como los jóvenes para los cuales es necesario fortalecer la oferta de apoyos o bien implementar nuevas acciones para la atención de sus necesidades académicas, económicas y de desempeño profesional.
A ello se agrega la voluntad del legislador de combatir la desigualdad desde el presupuesto destinado al gasto social; el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social advierte que el presupuesto para el desarrollo social, combate a la pobreza y programas sociales no podrá ser inferior, en término reales, al del año fiscal anterior.
En este sentido, de acuerdo con la Sedesem, la transformación de las condiciones de vida de la población más vulnerable de la entidad pasa por el fortalecimiento de los programas sociales de nueva generación y de aquellos que resuelven necesidades sociales oportuna y eficazmente.
En relación a los señalamientos hechos por Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, sobre el hecho de que la pobreza alimentaria se terminará en un plazo de cinco años, a pesar de que la quinta parte de la población en México --alrededor de 19.5 millones--, se encuentra en esta condición, Ozuna Rivero apeló a los buenos augurios del funcionario federal y aseguró que con una absoluta coordinación de los tres niveles de gobierno podría ser posible una mejora en esta intención.
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