lunes, 18 de abril de 2011

Super Sí es posible salir de la parálisis política

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Los diputados locales de Oaxaca acaban de dar un gran ejemplo a la clase política
mexicana, al haber concretado una amplia reforma política, actualizando o
mejorando 33 artículos de la Constitución estatal, que desde 1922 no había tenido
ninguna modificación.
Este es otro paso decisivo de la transición democrática de un estado, donde la
política siempre ha tenido un alto grado de complejidad; en el cual, recientemente
se vivieron graves conflictos sociales, en medio de su característica dispersión y
pluralidad política y cultural.
Oaxaca está dividida en 570 municipios, muchos de ellos regidos por un sistema
de sus usos y costumbres; además tiene uno de los mayores niveles de
marginación, desigualdad y pobreza en el país.
A pesar de esta compleja realidad, el Gobierno del Estado, y el Legislativo Estatal
pudieron sacar adelante una reforma de gran trascendencia, anteponiendo el
interés superior de los ciudadanos, quienes fueron un factor fundamental en el
proceso de discusión, análisis y aprobación. Se demostró nuevamente, que el
cambio y los consensos son posibles cuando emerge la participación cívica.
Con esta reforma, se verá fortalecida la relación entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo del estado. Se instauran mecanismos para que el gasto público del
gobierno estatal sea más eficiente, mientras que los municipios quedan obligados
constitucionalmente a administrar y ejercer los recursos del presupuesto en forma
austera, eficiente, transparente y honrada.
Se robustece la independencia del Poder Judicial, que en muchos estados del
país ha quedado en entredicho. Se otorgan nuevas facultades y mayor autonomía
a diversos organismos, y se abre paso a la democracia directa, con la
incorporación del referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato,
instrumentos que se ponen a disposición de la ciudadanía para aprobar o rechazar
leyes, acciones y decisiones del gobierno.
Se trata de un nuevo orden constitucional, orientado a impulsar los tres factores en
los que el sistema político mexicano, como conjunto, tiene un enorme déficit
actualmente: representatividad, eficacia y un costo que sea coherente con la
situación que viven los mexicanos y los resultados que demandan y no están
recibiendo.
Si un estado como Oaxaca, contra toda adversidad, logró una reforma como ésta,
que afianza la gobernabilidad democrática, no vemos por qué no pueda hacerse
algo similar a nivel federal y en otras entidades. Esta reforma, es un ejemplo de lo
que podemos hacer los mexicanos cuando dejamos de lado nuestras diferencias,
para conseguir un propósito común.
Hacemos un llamado a todos los estados, y sobre todo a nuestros legisladores
federales para buscar los acuerdos y tomar las decisiones que están haciendo
falta. Basta de justificaciones que no son válidas.
Nuestros legisladores federales se van de vacaciones, a menos de una quincena
de que concluya otro periodo ordinario de sesiones sin avances en las reformas
que urgen, como la laboral, la hacendaria y la política. Una vez más, son
bloqueadas y postergadas.
Las reformas no pueden salir adelante si todo empieza desde cero en cada
periodo legislativo y nadie se responsabiliza por cuanto se discute y se aprueba.
Los problemas, los retos y las necesidades de los mexicanos siguen sin
atenderse, mientras presencian cómo sus representantes dedican una gran parte
de su tiempo a la descalificación, el insulto, con posiciones intransigentes que no
corresponden a un espacio creado para el diálogo y la búsqueda de puntos en
común.
Todo esto confirma la urgente necesidad de hacer una reforma política de fondo,
que destrabe la esterilidad legislativa y le dé un nuevo dinamismo a nuestra
todavía inacabada transición democrática.
Hay varias iniciativas de reforma del Estado, incluyendo la nuestra. Lo que falta no
son propuestas, sino voluntad política para actuar en función del bien de México,
antes que el de los partidos o los intereses individuales y de grupo.
Nuestra propuesta es muy concreta: reelección de legisladores, alcaldes y jefes
delegacionales; reducción del Congreso de la Unión; segunda vuelta electoral para
los comicios para la presidencia de la República; candidaturas independientes;
iniciativa legislativa preferente; veto, reconducción presidencial y candados para
evitar escenarios de parálisis institucional; plebiscito y referéndum debidamente
acotados; iniciativa legislativa ciudadana; autonomía y ciudadanización del
Ministerio Público; agilización de los procesos de juicio contra servidores públicos;
disminución del financiamiento a los partidos, y mecanismos de rendición de
cuentas.
Son medidas fundamentales para salir del estancamiento político del que estamos
ya cansados todos los mexicanos.
En los tres niveles de gobierno, queremos un Poder Legislativo que se preocupe y
ocupe de las funciones que le asigna la Constitución, por encima de las elecciones
y puestos a distribuir en turno. Necesitamos gobiernos eficaces, menos costosos y
que cuenten con capacidad de maniobra para cumplir puntualmente con sus
obligaciones. Buscamos un Poder Judicial efectivo, que haga valer las garantías
fundamentales de los ciudadanos, y frene la impunidad que corroe la convivencia
social y limita el progreso.
Mientras no avancemos lo suficiente en estos objetivos y ni siquiera exista la
disposición para hacer una reforma política que acelere la renovación institucional
que requiere el sistema mexicano, no es justo que los ciudadanos sostengan una
de las democracias más onerosas del mundo.
Este año, parte de nuestros impuestos está financiando un aumento del 12% del
presupuesto de la Cámara de Diputados, que asciende a 5 mil 293 millones de
pesos, recursos que representan casi la totalidad del monto que se gastó en el
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas
durante 2010.
Entre los gastos que los diputados se aprobaron, hay 85 millones de pesos para
su sistema informático, 20 millones para sustitución de elevadores y una bolsa de
25 millones para nuevos vehículos.
Los Senadores recibieron un presupuesto de 3,585 millones de pesos para 2011,
casi el doble de lo que costó el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en
Solidaridad (Fonaes). El gasto total anual del Poder legislativo, equivale al de una
institución como el Politécnico Nacional que atiende a 157 mil 918 estudiantes.
A pesar de todo esto, no hay reformas de fondo.
Coparmex seguirá impulsando los cambios que requiere México a través del
fortalecimiento de la participación ciudadana, para que se acaben los pretextos, y
comiencen a darse los acuerdos y decisiones.
Aprovecho para reconocer a todos los que hicieron posible la realización de
Espacio 2011 en Puebla, en particular a los jóvenes participantes. Pensemos
joven: hagamos que lo que parece imposible, sea posible. Ya nos puso el ejemplo
Oaxaca.
Reciban un Cordial Saludo.

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