Mediante este mecanismo, no solamente se produce la muerte, sino que se afecta también de manera grave la salud de quienes rodean a la víctima, produciendo en daño moral y físico, que puede tipificarse como lesiones, al afectarse órganos internos o disponerlos a la enfermedad, al infarto, al paro cardiaco, a la diabetes, a la embolia cerebral, y a otras afecciones y daños al organismo, estudiados por el IMSS y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.
El asesinato por tortura psicológica puede ocurrir en cualquier escenario, donde uno o varios sujetos activos realicen acciones por las que la víctima sufra, como resultado, la enfermedad o lesiones en sus órganos internos, y la muerte. Puede ocurrir en todo tipo de relaciones, en empresas, en relaciones laborales, relaciones escolares, relaciones sociales y/o políticas, en aplicación o no de la justicia, e incluso en relaciones familiares, según los estudiosos.
EL CRIMEN PERFECTO
La tortura psicológica es un crimen de tal naturaleza, que la angustia, la depresión y el sufrimiento moral constituyen el cuerpo del delito y pueden convertirse en armas con las que el victimario causa daños a la salud y además puede hacer crisis en las enfermedades que ya tenga la víctima; puede complicarlas con otros males y producir lesiones en los órganos internos de las personas y con todo ello cometer el asesinato, por lo que prácticamente nos encontramos con el modus operandi de lo que podría ser el crimen perfecto.
Hoy en día, aunque el concepto de tortura ha sido monopolizado por los organismos de derechos humanos para definir la serie de acciones mediante las cuales órganos o agentes del Estado ejercen la coerción contra una persona o grupo social, existe fundamento suficiente para establecer que cuando dichas acciones son cometidas por cualquier persona, pertenezca o no a la estructura gubernamental, no son menos graves y producen iguales y devastadores resultados.
Los victimarios pueden o no tener la intención de asesinar con este mecanismo a su víctima, pero el hecho de que le produzca sufrimiento y la angustia moral, así como las enfermedades relacionadas y lesiones a sus órganos internos a causa de dicho estado psicológico, o que le agraven enfermedades que ya padecía o le causen crisis en estas, convierten a los sujetos activos en homicidas, cuando se produce la muerte de la víctima o en asesinos en grado de tentativa en caso de no ocurrir este desenlace.
PLAGA DEL SIGLO
Además de prestigiados especialistas de la Organización Mundial de la
Salud , de la ONU misma y de la Organización Internacional del Trabajo, sin soslayar a los que han desarrollados trabajos similares en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM , Jesús Felipe Uribe Prado, ha profundizado en un trabajo perfectamente aplicable a este fenómeno cada vez más frecuente en nuestra sociedad.
De acuerdo con sus investigaciones, el estrés producido por las relaciones en diversos escenarios de la actividad de una persona, específicamente los relacionados con el trabajo, puede provocar ataques cardiacos, afecciones cerebrovasculares, infecciones respiratorias, desencadenar diabetes, hipertensión e incluso la muerte, por lo que puede considerarse como la plaga del siglo XXI.
Para Uribe Prado ello hace necesario diagnosticar e identificar a tiempo los factores laborales y/o de las relaciones interpersonales, que originan esa sobrecarga emocional y tratar de prevenirlos. Señala que a este particular en Estados Unidos destina un gasto anual de entre 20 mil y 50 mil millones de dólares.
FASE INICIAL DE LA TORTURA PSICOLÓGICA
Desde el análisis de la víctima, la fase inicial de la tortura psicológica se puede manifestar con trastornos de sueño, malestares gastrointestinales, afecciones sexuales, dolores de cabeza o espalda, sudoración, nerviosismo, depresión, gripas frecuentes, incluso una baja considerable en el sistema inmunológico, que se pueden o bien complicar con enfermedades subyacentes tales como la diabetes o la hipertensión arterial o bien originarlas como efecto de la tortura.
Además de lo anterior se producen problemas psicológicos como fobias u obsesiones.
Los principales trastornos psiquiátricos asociados son los estados depresivos: estado de ánimo deprimido, interés disminuido en casi todas las actividades, trastornos de alimentación y del sueño, agitación, fatiga, sentimiento de inutilidad, falta de concentración, ideas de suicidio.
No se trata de nivel de estrés, por ejemplo en el trabajo, el cual puede resultar normal y natural cuando ayuda a tomar decisiones, a prever accidentes o a evitar cometer errores en la ejecución de alguna tarea operativa.
El que es instrumento de la tortura, o cuerpo del delito, es el estrés nocivo, provocado por una acción determinada y definida de un agente activo, cuando paraliza al empleado ante una situación de riesgo, le impide decidir adecuadamente o le provoca percances al llevar a cabo sus funciones. Se agrega la despersonalización o insatisfacción del logro, lo cual implica sentir que no hay desarrollo completo ni realización personal, mejoras o ascensos.
Entre las actitudes que pueden identificar al victimario son en ocasiones el "cinismo", que consiste en la deshumanización, pues trata a la gente como un número u objeto. Así también el hacer creer a la persona que carece de derechos o que su ejercicio está prohibido, o aunque no se hable, exista la percepción generalizada de que el ejercer un derecho es la puerta segura al despido o a la crisis con la estructura.
En los centros laborales se identifica al victimario con el sujeto cuyas actitudes se ubican en los extremos incluso de realizar comentarios o señalamientos directos o indirectos respecto de las personas por ir al baño, tomar agua e incluso por enfermarse. Se ha dado el caso de directivos que, sin ser médicos, emiten opiniones sobre la salud de las personas e inflingen y angustia y sufrimiento moral diciendo: "cada rato te enfermas y ya no te creemos", con lo cual originan un impacto agresión y de daño moral que puede traducirse en que la persona contraiga otras enfermedades o que hagan crisis las que ya tiene. Sin duda esta es una forma de tortura psicológica. Este tipo de conductas reiterativas han ocasionado infartos en las víctimas.
En todos los casos el victimario se escuda implícita o explícitamente en la presunta autoridad que ostente como directivo. Este simple hecho produce el daño de que su víctima sufra ante el pensamiento de la posibilidad de que realmente esté haciendo algo indebido.
En este caso la legislación mexicana va de avanzada, ya que es posible al menos en el Distrito Federal, denunciar penalmente a quienes originan este daño, por el delito de discriminación, independiente del daño moral por la vía civil, para reclamar la sanción a los responsables y el pago de una indemnización por el daño moral, que incluso pueden reclamar los familiares del de la víctima.
ANTECEDENTES DE LEGISLACIÓN
Hoy en día los organismos de derechos humanos explican que cuando una persona incurre en atentados a la integridad física o psicológica de otra, con la finalidad de obtener una confesión de un probable responsable de un delito, información, o para castigar, intimidar o coaccionar a alguien con el objeto de beneficiarse de su desaparición o separación, se configura lo que algunos instrumentos internacionales describen como tortura física o psicológica.
En el ámbito internacional, el artículo 5, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresamente señala que "nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.". Por su parte, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, de las Naciones Unidas señala, en su artículo 1, apartado 1, que [...] se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
El artículo 2o. de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala que [...] se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
El artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que [...] comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus equivalentes de las entidades federativas prevén que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.
Aun cuando existe un régimen jurídico de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, respecto de esta última se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada "tortura psicológica".
LA TORTURA PSICOLÓGICA
Independientemente de que el victimario sea servidor público o no lo sea, la tortura psicológica constituye un ataque a los mecanismos fundamentales de funcionamiento individual y social de la persona. En esas circunstancias, el torturador no sólo trata de incapacitar físicamente a la víctima, sino también de desintegrar su personalidad.
El torturador aspira a destruir la idea de la víctima de que tiene sus raíces en una familia y una sociedad como ser humano con sus ensueños, sus esperanzas y sus aspiraciones de futuro. Al deshumanizar y quebrar la voluntad de su víctima, el torturador crea un ejemplo aterrorizador para todos aquellos que después se pongan en contacto con ella. De esta forma, la tortura puede quebrar o dañar la voluntad y la coherencia de comunidades enteras. Además, la tortura puede dejar daños profundos en las relaciones íntimas entre cónyuges, padres e hijos y otros miembros de la familia, así como en las relaciones entre las víctimas y sus comunidades.
Como quedó asentado anteriormente, los principales trastornos psiquiátricos asociados son los estados depresivos: estado de ánimo deprimido, interés disminuido en casi todas las actividades, trastornos de alimentación y del sueño, agitación, fatiga, sentimiento de inutilidad, falta de concentración, ideas de suicidio.
La jurisprudencia internacional ha desarrollado la noción de tortura psicológica al sostener que se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto de esta última, se reconoce que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada "tortura psicológica". La prohibición absoluta de la tortura, en todas sus formas, pertenece hoy en día al dominio del jus cogens internacional.
La Corte Europea ha señalado recientemente que amenazar a alguien con torturarlo puede constituir, en determinadas circunstancias, por lo menos un "trato inhumano". Ese mismo Tribunal ha estimado que debe tomarse en cuenta, a efecto de determinar si se ha violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, no sólo el sufrimiento físico, sino también la angustia moral. En el marco del examen de comunicaciones individuales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha calificado la amenaza de hacer sufrir a una persona una grave lesión física como una "tortura psicológica".
ASESINATO POR TORTURA PSICOLÓGICA
En un sentido legal amplio, la angustia, el sufrimiento moral que se traducen en una serie de trastornos contra la estabilidad psicosocial de las personas constituyen tortura, cuando un sujeto o un grupo de sujetos activos, que pertenezcan al Estado o no, aplican sistemáticamente sobre una o varias víctimas un ataque a sus mecanismos fundamentales de funcionamiento individual.
El torturador o grupo de estos no sólo trata de incapacitar físicamente a la víctima, sino también de desintegrar su personalidad.
Las causas por las que uno o varios individuos torturan a otros, pueden ser tan diversas como lo son las ambiciones y/o deseos de las personas, e incluso no necesariamente se requiere que deseen producir la muerte en sus víctimas, sino que el acto que define a la tortura psicológica es el fin que se persigue, esto es, la utilización de los medios por los que se tortura a alguien y que originen en las víctimas el sufrimiento, las lesiones a sus órganos internos como reacción del sistema homeostático y las complicaciones con enfermedades latentes o subyacentes, debido al estado extremo de sufrimiento mental al que son sometidos, para conseguir algo por parte de la víctima o bien con la firme intención de torturarla.
En este caso, el dolo o intención de causar un daño, es una agravante por el que se debería castigar más severamente a los torturadores psicológicos, aunque el acto de torturar se establece, cuando el sujeto activo torturador inflinge a través de los más diversos medios, el sufrimiento y la angustia moral y las consecuencias en la salud de la víctima, aunque el torturador no tenga la intención de dañarlo o de producirle la muerte, sino exclusivamente de obtener un fin distinto.
Cuando debido a los sufrimientos morales y angustias se han producido o agravado enfermedades y lesiones en los órganos internos de las personas, que les producen la muerte, la persona o grupo de personas que realizaron las acciones que tuvieron tal consecuencia. son asesinos.
Por las características del cuerpo del delito, que está constituido tanto por las acciones del victimario como por los efectos de las mismas en la salud de la víctima, las personas no caen en cuenta que se trata de un homicidio, por lo que se puede decir que el homicidio por tortura psicológica es el crimen perfecto, ya que el crimen queda impune y el homicida puede incluso cometer serialmente otros crímenes con las mismas rutinas, para vengarse y/o para apoderarse de los bienes de las víctimas.
LOS MOTIVOS DEL TORTURADOR
Sin embargo, los motivos del torturador pueden ser de lo más diverso. Puede tratarse de un objetivo laboral, de negocios, de relaciones personales, de beneficio económico, de posesión de bienes, relaciones amorosas, venganza, etc.
En numerosas empresas los directivos suelen aplicar esta forma de coacción para hacer que sus trabajadores y empleados no ejerzan sus derechos laborales o simplemente para que produzcan más bajo la amenaza de despido, a tal grado que esto se convierte en un mecanismo de terror psicológico por el cual las personas se ven obligadas a soportar toda clase de vejaciones, ya que en contraparte está el despido sin liquidación y ser puestos en la lista negra.
En otros casos de las relaciones entre las personas, el torturador lo puede ser de por vida, por miedo a perder la estima de alguien, la seguridad, la autoridad moral, el respeto, la honorabilidad, etc.
Aunque no se produzca la muerte de la víctima en estos casos, la angustia moral y el sufrimiento lo soportan durante largos periodos que puede ser toda la vida.
TORTURA PSICOLÓGICA EN CONTRA DE PERIODISTAS
La muerte de Luis González Vega, periodista de Excélsior hasta el año 2006, sentó un precedente respecto del asesinato por tortura psicológica.
Una investigación periodística realizada desde finales del año 2004, arroja como directivos de la empresa Olympia de México, S.A de C.V., con sede en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, aplicaron la tortura psicológica, que produjo la muerte al periodista y dirigente obrero, ya que presuntamente recibirieron indicaciones de sus patrones de origen chino, para desmantelar el contrato colectivo de trabajo.por considerarlo oneroso, Estas acciones fueron identificadas como "secuestro de empresas" y fueron denunciadas en diversos espacios periodísticos del radio y la televisión durante los años 2004 y 2005.
El secuestro consistió en mantener de rehenes a los trabajadores y a sus dirigentes hasta obtener el pago de un rescate, que en este caso lo fue la imposición de una nueva mesa directiva encabezada por un sujeto señalado por los obreros de ese entonces, como presunto lavador de dinero, de nombre Gerardo Xicoténcatl Lima.
A principios del año 2005, el director Hugo Alejandro Ramírez Chávez –quien había sido designado en el cargo a instancias de González Vega-- y su gerente de personal, Oscar Paniagua Fuentes, realizaron una asamblea al margen de la ley y contrataron los servicios del notario Raúl Name Neme, de Los Reyes La Paz. Para ello contaron con el respaldo del señalado por los trabajadores como corrupto líder de la CROM Ignacio Cuauhtémoc Paleta, ampliamente conocido y denunciado por sus compañeros por aplicar medidas de tortura psicológica, producir el deceso de sus víctimas y luego apoderarse de activos de sindicatos locales y de patrimonios familiares.
Otro complice, Rodolfo González Guzmán, quien habiendo obtenido el liderazgo de un sindicato por herencia, estuvo en el grupo de quienes respaldaron a Cuahutémoc Paleta en la traición que perpetrara para opaderarse de la Secretaría General de la CROM en contra de Antonio J. Hernández, éste último incluso había dado de comer a Paleta y lo había ayudado en tiempos de necesidad. Así pagó el bien que le hizo J. Herández.
En dicha "asamblea", Ramírez Chávez y Paniagua, "designaron" a Gerardo Senobio Xicoténcatl Lima como secretario general del sindicato y habiendo consumado el "secuestro de empresas", todos ellos procedieron a aplicar la persecución, el asedio, la vigilancia, el marcaje personal, las llamadas telefónicas amenazantes, la vigilancia en las escuelas de los menores de la familia de González Vega, principalmente contra Luis Martín González Guadarrama, también periodista de Excélsior. Incluso involucraron al paisano de Paleta, el también poblano y entonces senador Manuel Bartlett Díaz.
La presión hizo colapso en González Vega y el 28 de enero de 2006 falleció por esa causa, ya que su organismo hizo crisis, como lo constataron los médicos de la Clínica Londres, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, a donde fue llevado por sus familiares desde su domicilio en Los Reyes La Paz, estado de México.
Presuntos emisarios de Ramírez Chávez, Xicoténcatl Lima, Paniagua, González Guzmán y Cuauhtémoc Paleta, habían hecho visitas amenazantes al domicilio de González Vega. Los susodichos sostuvieron reuniones con Juan Carlos y Jesús, ambos de apellidos González Guadarrama. El primero denunció ante el Agente del ministerio público de Chalco, junto con su hermano de nombre Miguel Ángel, a Ramírez, Paniagua y Xicoténcatl de perpetrar acciones con el objeto de apoderarse de inmuebles. Sin embargo traumados por el miedo que sienten por los perpetradores, dejaron inconclusos los procedimientos.
Ramírez Chávez, Xicoténcatl Lima, Paniagua, González Guzmán y Cuauhtémoc Paleta planearon una invasión de propiedades del finado al mes siguiente, razón por la cual 28 sujetos quedaron a disposición de las autoridades de la procuraduría de Justicia del Estado de México, gracias a la firme intervención de periodistas.
Otras acciones fueron: asaltos a casas, vigilancia y amenazas en contra religiosos de la Congregación de San Juan Diego (www.cruciferos.com), quienes ejercen posesión y dominio de algunas propiedades del finado, para brindar servicios religiosos, por voluntad expresa de González Vega, quien era reconocido por su religiosidad, por lo que sus trabajos y construcciones los firmaba con el anagrama jesuita "AMGD", que significa "Ad Majorem Dei Gloriam" o "A la mayor Gloria de Dios".
Adicional a ello, personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, vinculado con perpetradores encubiertos, utilizó recursos públicos para perseguir, intimidar y amenazar a familiares y trabajadores que quieren consumar la voluntad de González Vega de que los activos que dejó, sirvan "A la mayor gloria de Dios", mediante el servicio religioso de la Congregación de San Juan Diego.
Para ello utilizaron el fraude, la intimidación y la fabricación de delitos, para engañar a jueces y autoridades, razón por la cual fueron indiciados ante autoridades de la procuraduría de Justicia del DF y de la PGR.
El Secretario de Finanzas del DF, Mario Delgado Carrillo fue señalado entonces por encubrir a grupos de lavadores de documentos dirigidos por Miguel Angel González y Alonso Reyes Jiménez entonces Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública. Ambos en complicidad con Juan Carlos González, autor intelectual de dicho lavado.
Reyes Jiménez fue responsabilizado por cometer falsificación de documentos con la ayuda de una mafia bien estructurada, en la que participan empresas de producción de comerciales de televisión vinculadas con personas cercanas a directivos del PRD. La estructura de dicha mafia incluía hasta cobranzas, de acuerdo con fuentes confidenciales de la propia tesorería. El lavado de documentos consistió en introducir antecedentes e información de requisitaciones por solicitudes, con alteración de fechas, con la finalidad de que sirvan a la comisión de delitos.
Fuentes de la oficina de Mario Delgado Carrillo, señalaron que en lugar de proceder conforme lo marca la ley para este tipo de casos, sus colaboradores cercanos protegieron a los presuntos responsables, girando indicaciones a nombre del encargado de finanzas, de realizar acciones para encubrir los requisitos faltantes de manera que ante una investigación ministerial, fueron creados antecedentes para librar de las responsabilidades que la ley aplica para este tipo de casos, por falsificación de documentos.
Alonso Reyes Jiménez, entonces Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento a la Deuda Pública, emitió numerosos documentos para lavar información y proporcionar antecedentes oficiales aplicables para que terceros cometan fraudes, de los cuales presuntamente él se beneficiaría con el pago por tales documentos y una parte por los beneficios económicos del fraude.
Según las fuentes consultadas, Reyes Jiménez confabulado con Miguel Angel González emitió y firmó el Oficio No. DDP/SD/JUDSDPSC/001/2005, con fecha 13 de julio del año 2005, el cual ha sido utilizado por quienes lo solicitaron para sustentar falsedad de declaraciones ante el poder judicial. La evidencia comprueba que para que dicho documento pudiera ser útil para consumar la falsedad de declaraciones y el fraude, Reyes Jiménez, lo emitió con fecha del año anterior a la del año 2006 en que le fue solicitado y se encargó de introducir la solicitud con la fecha de aquel año.
Una vez que se requirió a su jefe Mario Delgado Carrillo que investigara tales hechos, lo que ocurrió fue que se fabricaron los antecedentes, cuya integración fraudulenta ya se había venido preparando desde un mes antes por uno de los involucrados en la falsedad de declaraciones, quien labora en la tesorería y es cercano de Delgado Carrillo.
Asimismo debido al seguimiento que se dio a esta información, los periodistas de Excélsior que investigaron el caso, recibieron amenazas por parte de uno de los particulares involucrados, que se ostenta como apoderado legal en el asunto citado, quien además dirige una empresa de videofilmaciones y producción de comerciales para algunas empresas y quien se dijo cercano a Leonel Godoy.
Este es un precedente de cómo se utiliza diversidad de medios con el objeto de quebrantar a las personas en su salud y producirles la muerte como acto de venganza, en este caso, por el ejercicio del periodismo --al haber denunciado el secuestro de empresas y la operación de mafiosos en el gobierno del DF-- y para apoderarse de bienes.
EN EL HOGAR
La tortura psicológica en la familia tiene diversidad de vertientes. Por ejemplo, cuando se aplican rigurosos esquemas a los niños y adolescentes, con exigencias más allá de lo que la ley de protección a los menores establece, los someten a escuelas que los mantienen ocupados todo el tiempo y los menores sufren traumas, en el menor de los casos, dejando de vivir la niñez por la exigencia de responsabilidad como si fueran adultos, lo cual en ocasiones conduce al suicidio.
Son numerosos los casos de menores que sufren la tortura psicológica a manos de sus progenitores y de maestros, cuando sufren accidentes o son víctimas de abuso sexual, cuando por problemas de estudio reiterativamente se les grita, se les dice tontos o idiotas, con insultos y golpes.
Cuando por problemas entre adultos, se coloca a los niños en medio y se les induce al odio en contra de otro adulto. Esto frecuentemente ocurre entre parejas con problemas conyugales y divorciados. Cuando los adultos insultan frente a los menores a sus padres, hermanos o parientes, se les somete a esta agresión. También cuando se les culpa por la conducta de sus padres o hermanos.
En todos estos casos los menores son culpados de lo que les pasa.
Respecto caso del abuso sexual y la violación, regularmente los adultos no dan crédito a los menores, lo cual para ellos se convierte en un mecanismo de tortura con el que cargan hasta la edad adulta, cuando los padres y hermanos siguen sin creerles e incluso los culpan de inventarlo.
Ello es más frecuente cuando el abusador o violador y los padres ya son ancianos, y se escudan en ello para manipular sentimentalmente al resto de los hijos o de la familia.
Esto ocurre con más frecuencia si el violador o abusador es el padre, los hermanos, tíos, abuelos, vecinos, amigos o personas cercanas.
En todos los casos el adulto que es el responsable de la seguridad del menor negará el hecho y se mantendrá como el principal torturador, cuya postura continuará propinando sufrimiento moral a la víctima hasta el día en que alguno de los dos fallezca o el responsable de haber brindado una seguridad que no dio –las madres o los padres—crean a la persona y reconozcan el daño que cometieron y lo restituyan de alguna manera.
El daño será irreparable cuando el adulto, que haya sido un niño abusado sexualmente, se convierta a su vez en violador de niños o abusador de los menores en su propia familia.
Este tipo de tortura suele tener complicidades de toda la familia.
Ocurre frecuentemente que los padrastros violan y abusan de las niñas de su esposa, y la mujer no da crédito a los menores, diciendo siempre que se trata de inventos y mentiras porque el menor busca separarla del marido.
Los quehaceres domésticos son motivo de tortura psicológica contra los niños, por hacerlos mal. De las amenazas y el maltrato psicológico, los gritos muchas veces las madres pasan a propinar tremendas golpizas a los niños por esta causa. La forma de hacerlo tiene particular significación como tortura, como el caso de una señora que le cortó el pelo a su hija con el cuchillo, produciéndole traumas y sufrimiento por ello hasta la edad adulta, cuando, por supuesto, la madre negó tal hecho.
En el caso de los ancianos el abandono es una forma de tortura psicológica que en muchos casos les produce la muerte.
Silenciosamente muchos ancianos son echados diariamente a la calle por sus familias y les prohíben estar en el hogar durante el día, viéndose obligados a salir a pedir limosna para comer.
Existen un sinfín de acciones y pretextos mediante los cuales las familias victimizan a los ancianos con las más sofisticadas maneras de tortura psicológica.
TORTURA CONTRA NIÑOS DE BRAZOS Y RECIÉN NACIDOS
Sin lugar a dudas la tortura más ruín de todas es la que se propina a los niños recién nacidos y de brazos, con diversidad de instrumentos. Por ejemplo cuando en el menor tiene sed, hambre, sueño o le duele algo, la forma de manifestarlo es el llanto, y los adultos desesperan, les gritan y les pegan para que se callen. Muchos niños son asesinados al año por esta causa.
Dejar al bebé con el pañal mojado o ensuciado durante mucho tiempo es otra forma de torturarlo y producirle daño en su piel y en sus órganos excretores.
Una forma de tortura que viene inflingiendo sufrimiento a los menores es una de las menos percibidas por los adultos y de las más comunes hoy en día en México y consiste en la tortura por ruido.
Diariamente por las calles pasan camiones repartidores de cilindros de gas y recolectores de basura del gobierno y particulares que accionan las trompetas de las unidades, produciendo un ruido cuyos decibeles superan mucho a lo que puede tolerar el oído humano. Los menores se sobresaltan cada vez que ocurre esto, sin que ningún adulto haga algo.
En esta forma de tortura, a pesar de que se ha denunciado ante el gobernador Enrique Peña Nieto, nada hace para que se impida que dichas unidades en el Estado de México torturen a los menores, por lo que resulta que el Estado de México es la entidad donde más se tortura a los niños por esta causa, con la complicidad del mismo gobernador, que parece no haber leído las leyes de protección a los derechos de los niños.
TORTURA EN LAS ESCUELAS
En las escuelas oficiales y particulares numerosos profesores suelen utilizar la tortura psicológica para presionar a los alumnos a alcanzar objetivos de planes de estudio, al grado que hay casos documentados de alumnos que se han suicidado por esta causa.
En las escuelas oficiales de todo México se aplican esquemas de lavado de cerebro y tortura psicológica para que los padres de familia crean que es su deber pagar cuotas escolares de inicio de curso. Quienes quieren ejercer su derecho a la gratuidad, son expuestos por los directores y supervisores en asambleas y hasta se les corre de los planteles.
En escuelas particulares, sobre todo, existen formas de tortura psicológica cuyo motivo es obligar a los profesores a retirarse cuando ya tienen antigüedad y los directivos no quieren darles las prestaciones a las que tienen derecho. Primero les van reduciendo las horas de clases y si no se van así, pues les generan toda clase de conflictos con alumnos, padres de familia y con otros profesores. Esto incluso ocurre en centros educativos de congregaciones religiosas y del clero.
En todo México se aplica un esquema de tortura psicológica para mantener los privilegios de grupos de poder en cada escuela donde se cobran cuotas escolares. Sin temor a equivocarse es posible sostener que la protección y permanencia de este esquema, por prate de autoridades superiores en confabulación con sindicatos monolíticos son la causa del fracaso del sistema educativo medicano, por los esquemas de ignorancia que impulsan en la población, sustentados en el dicho de que si no cooperan, no hay educación.
Debido a que el Artículo 3º Constitucional consagra la gratuidad de la educación, se han implementado esquemas de coacción por los cuales tanto profesores como directivos y estructuras de asociaciones de padres de familia, así como de los sindicatos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se valen para obtener dinero de los padres de familia.
Es frecuente el mecanismo de torturar psicológicamente al padre de familia al inicio del curso para que pague la cuota escolar, previo al momento de la inscripción, y este esquema incluso es recomendado por supervisores escolares y jefes regionales de educación, cuando no por los propios funcionarios estatales y federales.
El esquema de obligar a los padres de familia a firmar un compromiso para cooperar en "pagos" o en abonos, es otra manera de utilizar la tortura, lo mismo que utilizar a los menores para recordar a cada rato que hay que pagar la cuota.
La colocación de listados públicos de personas que no han pagado constituye otro mecanismo de tortura psicológica ampliamente utilizado.
Ante los padres de familia que llegan a quejarse de palabra o por escrito ante supervisiones o ante otras autoridades educativas, se aplican esquemas de asambleas en los que se exhibe la pretendida conducta irresponsable de quienes se niegan a pagar, e incluso se llega al exceso de coaccionarlos para que saquen a sus hijos de los planteles.
Existe un esquema de impunidad frente a denuncias por escrito que hagan los padres de familia ante contralorías escolares, mediante el cual jamás resultará culpable ni el directivo ni los maestros que realicen acciones de coacción psicológica para obligar a la gente a pagar. Contamos con casos ampliamente documentados respecto de este tipo de acciones que son el pan de cada día, por ejemplo en el Estado de México, en el sistema educativo.
Eso mismo se aplica en los casos de abuso sexual en contra de los menores por parte de maestros.
Esto ocurre en la Secretaría de Educación cuando fueron secretarios Isidro Muñoz Rivera y Guadalupe Monter Flores, quienes encubrieron durante su gestión a los torturadores.
Merece particular mención el esquema que aplica los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, (SEIEM) cuando estaba a la cabeza Rogelio Tinoco Garcia, ya que el grado de tortura que aplica a quienes se quejan, es superlativo, llegando al grado de instrumentar tribunales especiales para producir la tortura psicológica a quienes hayan emitido denuncias.
Los tribunales especiales son ordenados como medio de "investigación" ante las quejas de ciudadanos y en el caso de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) es una práctica ordinaria frente a la cual los ciudadanos no tiene defensa alguna posible, toda vez que son respaldados incluso por la propia contraloría interna de dicho sistema, el cual tiene ampliamente documentada su práctica y esta debería ser investigada por la comisión de educación de la Cámara de Diputados.
Así lo revela, por ejemplo, el Oficio No. CIVM205CI11005/1766/2005CI/SEIEM/QUEJA/44/2005, donde el contralor interno Rafael Araujo Miranda da por legal el resultado del tribunal especial –prohibido por la constitución general de la República-- ejecutado el día 17 de enero del año 2005 desde las 15:00 horas, en la escuela primaria Emiliano Zapata Salazar, ubicada en la Colonia Independencia , y el cual fue ordenado por María Petra Arreola Echeverría, Subdirectora de Educación Primaria en la Región de Nezahualcóyotl quien hasta hoy en día se ha destacado por proteger y encubrir a delincuentes, abusadores de menores y aplicadores de esquemas de terror para obtener cuotas "voluntarias" en los kínderes, primarias y sencundarias de su demarcación
La orden de instaurar dicho tribunal especial fue dictada a Juan Jorge Cruz Rendón, Jefe del II Sector Educativo, para que "en el ámbito de su competencia y atribuciones, ordene girar los citatorios correspondientes al denunciante, al acusado y a las mesas directivas de las asociaciones escolares de padres de familia de cada una de las escuelas de la zona escolar en cita, puntualizándole que hiciera notar al inculpado..."su derecho a la defensa..."".
Tales indicaciones se desprenden del documento Oficio Número 205C21014/00083/2005, suscrito por Arreola Echeverría y enviado a Valdelamar Molina Grajeda, Director de Educación Elemental del los SEIEM, en Toluca, y donde la suscrita da pormenor del desarrollo de las actuaciones que se desarrollaron en el tribunal especial citado.
La conclusión de la queja del oficio del contralor Araujo es que tras considerar las conclusiones del tribunal especial, "ante la ausencia de elementos que permitan determinar la existencia de violación a las obligaciones previstas en el Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y Municipios, Se acuerda: Único.- El archivo del presente expediente como un asunto total y definitivamente concluido".
Después de que algún padre de familia sea sometido a dicha tortura, le quedará claro que se ha enfrentado a un monstruo devorador de derechos y que la impunidad ha triunfado en el sistema educativo, el cual, por su naturaleza, debería ser el encargado de luchar y alertar en contra de todo esquema de servidumbre
Otro caso grotesco, es el que ha tenido por perpetrador a un sujeto que le encanta ostentar por todas partes que es masón, de nombre Horacio Echaniz Verdura, en la región de educación básica número 10 Amecameca, encabezada por Vicente Martínez Toriz. Ambos sujetos incluso, no tienen nociones de lo que es la gramática y con trabajos logran escribir un párrafo sin errores ortográficos, de semántica y/o de sintaxis, lo cual es posible apreciar en los documentos y circulares que emiten.
Durante su gestión ante la Secretaría de educación del Estado de México, Guadalupe Monter Flores encubrió y protegió a corruptos como Vicente Martínez Toriz y Horacio Echaniz Verdura, sujetos que hasta la fecha continúan medrando y sacando dinero de las mesas directivas de padres de familia en todo el sector, mediante condicionamiento de inscripciones y de la entrega de documentos al final de los cursos.
Ante las denuncias de padres de familia, Guadalupe Monter Flores siempre se manifestó a favor de su personal corrupto haciendo imperar la impunidad. Tal es el caso de denuncias radicadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
En dicha comisión existen sendos casos de lavado de documentación como respuesta a las denuncias y solicitudes de los padres de familia, con la finalidad de incumplir con la ley y proteger al sistema de corrupción que permite que cada año a lo largo del estado de México, los padres de familia sean coaccionados por directores de preescolares, primarias y secundarias, al pago de cantidades que van desde los 200 hasta los 700 pesos como cuotas "cooperaciones voluntarias de inscripción".
Con la protección de Guadalupe Monter Flores, tanto directores, como supervisores y jefaturas regionales, perfeccionaron los esquemas de robo mediante la tortura psicológica a los padres, utilizando a las asociaciones de padres de familia, para que en el momento de las inscripciones, al mismo tiempo se hicieran los cobros, haciéndoles pasar primero a pagar y luego les entregaban las formas de inscripción.
En la región 10 Amecameca medra otro sujeto que dice y tener licenciatura en derecho, quien es el encargado de operar el esquema de corrupción mediante el cual, según se ha ventilado, recibe dinero de cada una de las mil 100 escuelas a su cargo, el cual es aportado por los padres de familia y exigido por las supervisiones cada año.
Así ocurre en la supervisión de la zona 2, que encabeza Celia Gallardo López, quien cada año exige a cada una de las escuelas a su cargo la cantidad de mil pesos, "ya que a nosotros no nos dan material para nuestro trabajo por parte de la jefatura regional", señala ante los padres de familia.
Ha trascendido que la mayor parte de ese dinero, que se recoge en todas las supervisiones en el Estado de México, va a los bolsillos de los jefes regionales y de allí a la dirección general de educación. "Se trata de todo un esquema de corrupción a cargo de una mafia integrada por numerosos directores, supervisores y auxiliares que se perpetúan años y años en los cargos, para que la corrupción avance, como es el caso de Horacio Echaniz Verdura, quien no suelta el hueso, porque allí recoge el dinero con carretilla", afirmó una fuente cercana a dicha jefatura, que prefiere el anonimato.
A pesar de que la ley ordena a los servidores públicos entregar los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones administrativas de los subordinados, de manera que se pueda proporcionar adecuadamente el servicio público, Guadalupe Monter Flores se valió de operativos corruptos en la Coordinación jurídica y de administración y de la dirección general de educación básica y normal, para lavar documentos ante solicitudes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para negarse a entregar los implementos necesarios a escuelas primarias, ante solicitudes de directores y padres de familias.
Con ello, Guadalupe Monter Flores dejó de manifiesto a qué escala protegió el esquema de robo y corrupción en contra de los padres de familia en el sector educativo del estado de México.
Adicionalmente, Monter Flores protegió hasta la ignominia a delincuentes que amenazan a periodistas que ejercen sus funciones informativas en la entidad, con amenazas de muerte, como ocurrió en esa misma región 10 con el grupo de Horacio Echaniz Verdura y los golpeadores conocidos como "los cochambres", cuya filial en escuelas encabeza el propio Echaniz Verdura y opera en Valle de Chalco con la supervisora Celia Gallardo López. El artífice de las amenazas fue el mismo Pavel Caldiñó Zamudio, con amplio y comprobado respaldo de Celia Gallardo López.
Cabe mencionar que entre las tácticas gangsteriles de Gallardo López, que ha aplicado durante todos los años de servicio en esa zona, se encuentra la de valerse de padres de familia de asociaciones, --además de las conocidas artimañas para obtener dinero señalando que quienes no cooperen están en contra de las escuelas y que son enemigos del progreso y que no quieren que sus hijos tengan instalaciones mejores—es la de hacer que los padres de familia que no están de acuerdo con su actos de delincuente, sean echados de las escuelas con grupos porriles de padres de familia, los cuales son previamente azuzados por directores y por ella misma.
Así lo ha hecho en todas las escuelas a su cargo, hasta que los padres de familia finalmente sacan a sus hijos de sus planteles y se los llevan a otros.
Todo este esquema de tortura y de corrupción existe en la mayoría de escuelas del estado de México y fue ampliamente protegido y cobijado, por Guadalupe Monter Flores, quien ahora puede hacer lo mismo en el sector turismo.
*Guadalupe Monter Flores, protectora de golpeadores de niños
Durante los años 2007 y 2008, con el conocimiento de María Guadalupe Monter Flores, los servidores públicos Vicente Martínez Toriz y Horacio Echaniz Verdura, arreciaron las acciones de persecución en contra de periodistas, en respuesta a denuncias de la ciudadanía en contra de profesores que golpearon a niños, les impidieron el acceso a las escuelas e incluso por capricho ordenaron sacarlos de clases. Asimismo por denuncias de cobros de dinero indebidos por parte de directores.
Entre 2007 y 2009, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en la Colonia Del Carmen, en Valle de Chalco, Estado de México, María de los Ángeles Escobedo Santiago fue denunciada por golpear en la cabeza a los niños y el director del turno vespertino Pavel Caldiño Zamudio fue denunciado por sacar del plantel a los menores, por haberles dicho a sus padres que fueron golpeados por profesores.
A mediados de 2009 Pavel Caldiño Zamudio solamente fue cambiado de plantel, a una escuela primaria de Ciudad Nezahualcóyotl, mientras que la golpeadora de menores, Escobedo Santiago, aunque se comprobó que lesionó a los niños, porque ella misma lo reconoció ante Echaniz Verdura y ante Gallardo López, solamente recibió una llamada de atención y continúa con la protección de esta última, señalada además por los mismos profesores como ladrona, corrupta, encubridora de abusadores de niños y de directores que se alcoholizan en el interior de los planteles.
Asimismo, la directora del turno matutino, María Guadalupe Gloria Ayala fue denunciada por echarle el auto a los niños que ensayaban su vals de fin de cursos en la calle, debido a que ella misma los corrió de la escuela, además de exigir dinero a los padres de familia por un sin número de conceptos y por cobrar como si fuera una escuela particular, por el derecho de que los niños usen computadoras entregadas por el gobierno para su uso gratuito en dicho plantel.
Sin lugar a dudas, Guadalupe Monter Flores ha sido de las principales encubridoras de violadores a derechos de niños y delincuentes en el sector educativo del Estado de México.
Gracias a la impunidad que hicieron imperar Monter Flores y su predecesor, los delincuentes ampliaron su operación, y utilizando algunos de ellos el nombre de la masonería, han "boletinado" en el oriente del estado de México, a los periodistas que los han denunciado, con la finalidad de que los que son de su calaña echen tierra a todas las denuncias, ante lo cual sería conveniente que el Supremo Consejo de México, tome conocimiento de este asunto, para que sujetos que obran y promueven la mentira, la ignorancia y la ambición, como estos, que utilizan talleres para satisfacer su codicia de poder, reciban lo que en justicia les corresponde.
Casos silimares ocurren en la educación federalizada y el SEIEM, que es el sistema que opera en el estado de México --que encabeza Rogelio Tinoco Garcia-- dirige todo un eficiente sistema de tortura psicológica, como se demuestra mediante los tribunales especiales que desarrollan para acabar con toda clase de quejas que tengan que ver con señalamientos a directores y profesores relacionados con los cobros forzados de cuotas escolares y los métodos de terror contra padres de familia que quieren ejercer su derecho a la gratuidad de la educación.
Jose de Jesús González Mejía, ampliamente conocido por amenazar con matar a periodistas que lo denuncien --con pagos a asesinos que contrata en su pueblo-- es uno de los delincuentes cuya operación e impunidad ha sido ampliamente protegida por el sistema de Rogelio Tinoco Garcia, incluso fue promovido para postularse como candidato del partido Nueva Alianza a diputado federal por el distrito 32.
González Mejía fue denunciado por padres de familia de la Escuela Primaria "Agustín Aragón y León", por operar lo que ya es conocido como el esquema tradicional de los supervisores y directores ladrones y corruptos, para obtener cuotas "voluntarias" de padres de familia: cobros con el suo de violencia verbal y psicológica, esquemas de pago de dichas cuotas en plazos, negación de incripción a quien se negara, echar encima a grupos de padres de familia contra los inconformes, hasta lograr que saquen a sus hijos de sus escuelas
El sistema de impunidad de forma institucional el SEIEM puede estudiarse por al revisar el Oficio No. CIVM205CI11005/1766/2005CI/SEIEM/QUEJA/44/2005, donde el servidor público corrupto que nresponde al nombre de Rafael Araujo Miranda dio por legal el resultado del tribunal especial ejecutado el día 17 de enero desde las 15:00 horas, en la escuela primaria Emiliano Zapata Salazar, ubicada en la Colonia Independencia, y el cual fue ordenado por la profesora déspota y encubridora de ladrones Maria Petra Arreola Echeverría, Subdirectora de Educación Primaria en la Región de Nezahualcóyotl.
La orden de instaurar dicho tribunal especial fue dictada por el también fautor de fraudes e impunidad Juan Jorge Cruz Rendón, Jefe del II Sector Educativo, para que "en el ámbito de su competencia y atribuciones, ordene girar los citatorios correspondientes al denunciante, al acusado y a las mesas directivas de las asociaciones escolares de padres de familia de cada una de las escuelas de la zona escolar en cita, puntualizándole que hiciera notar al inculpado..."su derecho a la defensa..."".
Tales indicaciones se desprenden del documento Oficio Número 205C21014/00083/2005, suscrito por Arreola Echeverría y enviado a Valdelamar Molina Grajeda, Director de Educación Elemental del los SEIEM, en Toluca, --y otro de los encubridores fautores de impunidad y corrupción-- y donde la suscrita da pormenor del desarrollo de las actuaciones que se desarrollaron en el tribunal citado especial.
La conclusión de la queja del oficio del contralor Araujo es que tras considerar las conclusiones del tribunal especial, "ante la ausencia de elementos que permitan determinar la existencia de violación a las obligaciones previstas en el Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y Municipios, Se acuerda: Único.- El archivo del presente expediente como un asunto total y definitivamente concluido".
Con tal amparo de sus autoridades, José de Jesús González Mejía, lleno de coraje se presentó con el colaborador de Excelsiorinternet Ruben Rivera, para decirle: "dígale a ese Luis González que mucho he invertido en tener mis escuelas y lo que me dejan. Puedo pagar a alguien del pueblo para que venga a matarlo".
Hoy en día el cobro forzoso de cuotas mediante la violencia de lenguaje y tortura psicológica --esquemas contra padres de familia, consistentes en volcar a grupos contra quienes quieren ejercer sus derechos frente a directores y supervisores corruptos, para agredirlos y difamarlos en la comunidad-- son el método por el que en el SEIEM las mafias recolectan miles de millones de pesos que se reparten en las proporciones tradicionales entre directores, supervisores, y demás jefes hasta llegar a un núcleo mafioso que operan en el organismo, como lo confirman altas fuentes del mismo, que se ven copadas y por su seguridad preferen omitir sus nombres.
TORTURA PSICOLÓGICA EN EL SECTOR SALUD
La tortura psicológica no es privativa de las dependencias educativas, ya que ocurre en mayor o menor medida en todas, como por ejemplo en el sector salud.
En 2004 se informó a las autoridades médicas que en ese entonces encabezaba Enrique Gómez Bravo Topete, acerca de violencia en contra de menores en centros de salud, denunciadas mediante la prensa por la ciudadanía en el municipio de Valle de Chalco, las cuales requerían para su comprobación, una investigación de campo.
En contraparte, en lugar de que la dependencia ordenara indagar con los quejosos acerca de los hechos que denunciaban, el asunto se desvió para que el presidente del sindicato de salud Marco Antonio García Ayala hiciera entrega de la comunicación privada, en un acto excecrable de complicidad a favor de violadores de los derechos de los niños, para que los médicos denunciados procediran ante el ministerio público por difamación y la Procuraduría de Justicia de la entidad, que encabezaba Alfonso Navarrete Prida, -- hoy flamante diputado y autoproclamado defensor de derechos-- violando flagrantemente el artículo 280 del código penal local y el artículo 5 constitucional, solicitó orden de aprehensión en contra del periodista que denunció los hechos y que en un acto de sobrada ignorancia obsequió el juzgado de cuantía menor de Valle de Chalco.
El hecho de la tortura psicológica consistió en que Gómez Bravo Topete de la Secretaría de Salud del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida entonces en la Procuraduría de Justicia de la entidad --hoy flamante diputado-- y José Castillo Ambriz, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en complicidad con el líder sindical Marco Antonio García Ayala inflingieron durante más de un año angustia y sufrimiento moral a un periodista, por el hecho de haber ejercido sus funciones de comunicar anomalías que ocurrieron en contra de menores en el municipio citado para que fueran debidamente investigadas y resueltas.
Parte del mecanismo de la tortura psicológica lo fue la aplicación de los medios para hacer imperar la la impunidad por parte de las autoridades de salud, ya que en lugar de investigar debidamente el hecho que informaba el comunicado, estas se limitaron a revisar el expediente laboral del médico denunciado y concluyeron que en dicho expediente no obraba queja alguna y por esa razón no había que dar seguimiento a las quejas. Quedó comprobado que existe todo un mecanismo para que no haya quejas ni se les de seguimiento ni queden estas asentadas en los expedientes de los médicos negligente y corruptos.
En contraparte, la respuesta contundente a la denuncia de anomalías en ejercicio del periodismo y de las obligaciones frente al conocimiento de hechos que violen derechos de menores, en el sector salud del Estado de México, fue la tortura psicológica.
Finalmente el asunto fue resuelto una vez que fueron interpuestas seis denuncias penales en contra del dentista Rafael Resendiz, el cual posteriormente fue removido del centro de salud donde cometía los abusos y solamente cambiado a otra unidad de salud por su entonces protector Francisco Javier Portillo, quien cabe señalar que fue denunciado por los médicos del mismo centro de salud y removido del cargo, por negociar con líderes locales la entrega del seguro popular.
TORTURA PSICOLÓGICA PARA APODERARSE DE BIENES
Otros casos son los que sufren ancianos que son propietarios de fortunas y de bienes, siendo en este caso los victimarios sus empleados cercanos y sus familiares.
Hay sonados casos en donde los hijos han desplazado al padre viejo o al abuelo del control de corporativos y para ello han montado toda clase de escenificaciones para hacer creer a todo el mundo que "el viejo" ya no tiene capacidad para dirigir, e incluso los encierran en manicomios y hacen que les apliquen medicamentos que los mantienen bloqueados por meses. Hay también casos de tortura psicológica para apoderarse de herencias.y para colmo Ineptitud en la campaña de Eruviel Ávila - Roberto Calleja Ortega lea mas... http://bit.mx/rco
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