Los únicos países que superan este período son Chile, Cuba y Venezuela, con 18 semanas, y Brasil, que establece seis meses para las servidoras públicas.
En la mayoría de los países, las licencias para padres trabajadores varían entre dos y cinco días por nacimiento, ampliándose este período solo en Ecuador (10 días), Venezuela (14 días) y Cuba (6 meses que pueden ser compartidos con la madre).
En general en el Caribe las licencias para las madres no superan las 13 semanas y es variable la proporción del salario que cubren, en tanto las licencias para padres están casi ausentes, detallan la Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, María Nieves Rico, y la Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, Laura C. Pautassi.
En el artículo principal del Boletín, denominado "Licencias para el cuidado infantil. Derecho de hijos, padres y madres", las autoras reconocen avances en la legislación regional, como la equiparación del nacimiento con la adopción y la paulatina ampliación de la licencia para los padres.
No obstante, plantean que se requiere "avanzar en el reconocimiento del cuidado como un derecho universal posible de ser ejercido por todos los niños y no sujeto a ciertas particularidades relacionadas con la inserción en el mercado de trabajo de sus padres".
Actualmente las regulaciones laborales excluyen de beneficios a trabajadores informales, autónomos, por tiempo parcial, rurales, así como a sus hijos e hijas.
"Es necesario que el Estado maximice los escasos recursos existentes, aumente el gasto social en la primera infancia desde el nacimiento y actúe como proveedor y garante de la calidad del cuidado", indican Rico y Pautassi, para quienes es indispensable que se trabaje con un enfoque integrado que considere los derechos de los niños, la igualdad de género y la política social inclusiva.
Las autoras proponen una agenda de reformas que incluye desvincular la condición salarial de padres y madres a la entrega de licencias parentales y servicios de cuidado infantil; establecer cobertura universal y gratuita de los servicios educativos, de cuidado y de salud para la primera infancia; instaurar y ampliar las licencias remuneradas para padres; e incorporar licencias por enfermedad de los hijos.
También recomiendan obligar a las empresas, indistintamente del sexo de sus empleados, a proporcionar centros de cuidado infantil; transferir recursos a las familias reconociendo el costo económico del cuidado; y apoyar mediante subsidios o exenciones fiscales la adquisición y oferta de servicios de cuidado en el sector privado.
Finalmente plantean desarrollar cuentas satélites en el marco de presupuestos con recursos para la primera infancia; vincular las políticas sociales a las políticas de cuidado en la infancia; y superar la consideración del cuidado infantil como una cuestión de resolución individual y privada, entre otros aspectos.
El Boletín Desafíos es una publicación conjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que registra el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referidos a la infancia y adolescencia.
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