¡No es justo! expresan en diferentes ámbitos de México, pequeños y medianos empresarios con una historia de lucha y creación de empleos que se ven forzados a emigrar por la avanzada criminalidad -de delincuentes que le cobran por protección o de inspectores que le amenazan con clausurar- u otros obligados a cerrar, por ocurrencias como el paso del metrobús en calles -con apenas 6 metros de ancho- del centro histórico en la capital de la república.
Igual frustración expresan propietarios de casas habitación –pagadas con el fruto del trabajo de varias décadas- en cuya colindancia se construye un edificio de 60 pisos o un negocio que alterará su vida cotidiana por la venta de bebidas y la realización de eventos que en si mismos generan violencia y muerte, como la pretendida arena de box y luchas o la pseudo librería EDUCAL en Coyoacán. La instalación de una bomba -supuestamente tratadora de aguas negras- en Chimalistac, es considerada injusta porque pasa por alto la salud –por emanaciones y ruido- de quienes viven en un radio de 5 kilómetros a la redonda, el desalojo de poblaciones enteras para privilegiar el uso del automóvil de los más pudientes y el impulso del comercio informal, son apenas magros ejemplos del trato injusto al que se ve sometida una población a la cual se le conculcan derechos como el de propiedad privada. ¿Qué hay de justicia en la depredación ecológica en el Poniente y el oriente del DF- derivada de la supervía o la línea 12 del metro? ¿Por qué se condena a tantos ciudadanos a vivir debajo la línea de la dignidad humana? ¿Bajo que parámetros la autoridad –con la complicidad de muchos legisladores- se atreve a violentar la Constitución escudándose de manera cobarde en leyes de establecimientos mercantiles, de aguas, desarrollo urbano, y otras tantas redactadas a modo para beneficio de unos cuantos? Funcionarios como los de SEDUVI en la ciudad de México viven ajenos a la idea de un estado activo que remueva los obstáculos para el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones. ¿Existe tal igualdad cuando por decreto crean un comité técnico donde el ciudadano – en el cual reside la soberanía, que les eligió y con cuyos impuestos ellos cobran sus sueldos- solo tiene un voto frente a 14 cómplices que tramposamente imponen de manera autoritaria sus aviesos negocios? A ellos valdría la pena recordarles la pregunta de San Agustín: "¿Qué son los reinos sin justicia, sino vastos latrocinios?"
Un auténtico Estado de Derecho, supone el respeto de las prerrogativas individuales mediante un sistema de frenos y contrapesos que permita un adecuado ejercicio del poder público. Cualquiera de estos "funcionarios" – la más de las veces disfuncionales- que todo quieren resolver con "mesas de dialogo" posteriores al abuso; apelan a la existencia de tribunales –civiles, penales, administrativos como el contencioso, de amparo etc. Sin embargo aquí también encontramos un pozo de injusticia. ¿Qué condiciones de igualdad y equidad existen entre un gobierno con la disposición de recursos –materiales y humanos- para el manejo de litigios y uno o varios ciudadanos con poco conocimiento del complicado sistema de leyes y sin dinero de sobra para el pago de bufetes de abogados? ¿Existe una verdadero acceso a la defensa con términos de prescripción y caducidad que solo favorecen al autoritarismo? ¿Por qué al afectado solo se le otorgan 15 días para demandar y los jueces y magistrados tardan meses tan solo en aceptar la demanda? ¿Donde queda el absoluto respeto del ser humano, cuando a la población se le engaña y manipula? ¿Por qué el gobierno recurre a la fuerza y la amenaza para reprimir al pueblo, en beneficio de grupos minoritarios y privilegiados?
No hay justicia si la mayoría está excluida del acceso a una resolución judicial que condene los abusos y la inconstitucionalidad de leyes secundarias La mayoría de las procuradurías -del consumidor, el medio ambiente, administrativas, laborales o penales y la defensoría de oficio, actúan con limitaciones o por consigna "Entiendo sus argumentos pero no puedo resolver en contra de las autoridades" ha dicho una magistrada del contencioso administrativo que conoce de una demanda interpuesta por cuidadnos hace mas de 8 meses. "Le sugiero que se arregle porque esta persona siempre gana los juicios en contra de la empresa" suelen recomendar en las juntas laborales y el ciudadano de trabajo, de lucha y de esfuerzo tiene que conocer la realidad de la corrupción y la impunidad, sin más recurso que exclamar "No es Justo"
Y en verdad no es justo que por el acceso a un bien común como lo es el agua se cobren cuotas diferenciadas porque el servicio es el mismo en la casa del pobre que del rico. Tampoco es justo que le dupliquen o multipliquen con factores de locura los recibos por suministro de luz o gas y menos justo es que le obliguen a cambiar medidores que Usted ya pagó y que si funcionan. Mucho menos es justo que le expropien de facto su propiedad privada, al obligársele a vender o abandonar su propiedad privada para privilegiar a los desarrollares o constructores de obras sin pies ni cabeza y menos justo es que le confisquen sus bienes por impuestos excesivos, sospechas infundadas y suposiciones de complicidad por rentar a personas que ellos mismos han dejado libres impunemente y que usted no tiene la obligación de investigar.
En tal panorama no hay nada que celebrar el 20 de febrero de cada año, decretado por la ONU, como el día mundial de la justicia social.http://LosPasosDeLosPesos.vox.mx Los Pasos de los Pesos por César Castruita. Informació financiera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario