Coparmex participó en esa movilización ciudadana, manifestando claramente que su inspiración era el legítimo reclamo de una sociedad preocupada, que exigía a las autoridades cumplir con su obligación fundamental: salvaguardar la integridad física de los mexicanos y hacer valer el Estado de Derecho.
La Marcha Nacional por la Paz, que concluyó este domingo en el Zócalo del Distrito Federal y que se replicó en muchas otras ciudades de la República y el extranjero, tiene la misma inspiración y legitimidad.
Al igual que con las marchas del 2004 y 2008, Los empresarios Coparmex apoyamos esta importante movilización ciudadana por la seguridad. No debe ser descalificada ni utilizada con fines políticos o de cualquier otra índole, ajena a lo que los mexicanos, de todas las condiciones sociales, estamos exigiendo: un ya basta a los criminales, pero también a la negligencia y falta de coordinación de nuestra clase política y gobernante, en su conjunto.
En el 2004, millones de mexicanos estábamos ya muy preocupados. Hoy, el sentimiento es de desesperación y hartazgo. Los políticos y las autoridades responsables -de todos los niveles de gobierno- no deben ignorar ni desestimar este sentir y exigencia generalizada.
El reclamo no va a dirigido a un partido o un gobierno en específico. Es al Estado mexicano en su conjunto, que no está cumpliendo con su primera responsabilidad y razón de ser. No nos confundamos, ni permitamos que nadie lucre con el clamor ciudadano: los enemigos son los delincuentes y los corruptos.
Esta es una lucha de la nación mexicana, en la que todos tenemos una gran responsabilidad, empezando por los que ocupan cargos de representación popular o funciones públicas.
Los mexicanos estamos cansados de justificaciones; de que estas autoridades transfieran la responsabilidad a otras, de un nivel de gobierno al otro. La sociedad exige explicaciones de por qué la inseguridad pública continúa en niveles tan altos; demanda compromisos y resultados concretos ahora.
Desde el principio, expresamos públicamente nuestro apoyo a la iniciativa del Gobierno Federal de combatir frontalmente y con determinación al crimen organizado. Este fue un gran paso, que se había evadido y era urgente.
Sin embargo, para ganar esta lucha, se requiere del respaldo ciudadano: que los mexicanos la asumamos como un desafío colectivo.
Algunas autoridades son optimistas, mientras que otros actores tienen una visión totalmente contraria. Esto genera confusión en la población. La realidad es que la percepción de la mayoría de los mexicanos es que la delincuencia se ha incrementado, en sus diversas modalidades: narcotráfico, homicidios, extorsión y secuestros.
Hasta 40% de los mexicanos, considera que los criminales han aumentado su presencia, y más del 80% piensa que hay víctimas inocentes. Difícilmente vamos a avanzar más rápido si predomina el pesimismo, la desmoralización y la desconfianza.
Una de las principales causas del descontento en la sociedad, es la percepción de que existe una gran descoordinación entre las autoridades, incapaces de ponerse de acuerdo y de actuar como una sola fuerza.
Se requieren urgentemente definiciones, compromisos y resultados concretos que cambien esta percepción negativa; que la estrategia nacional y esfuerzos contra el crimen tengan el respaldo y el compromiso de todos los actores responsables y de la misma sociedad.
Si es necesario hacer ajustes o reorientar los planes, hay que realizarlos con sentido de urgencia y corresponsabilidad. Sólo criticar no ayuda; hay que proponer alternativas y comprometerse de cara a la sociedad.
Reiteramos la demanda de un Periodo Extraordinario de Sesiones inmediato en el Congreso de la Unión, con el compromiso de los legisladores de aprobar los pendientes que dejaron y que son parte fundamental de la solución: Ley de Seguridad Nacional, reforma política y mando único policial en los estados, entre otros.
Ante la debilidad institucional de las policías municipales y estatales, las fuerzas armadas han entrado subsidiariamente al combate al crimen organizado y resguardo de la población, con cerca de 45 mil efectivos. Nuestro reconocimiento a su labor y patriotismo.
Este apoyo no debe de ser permanente, sino mantenerse hasta que logremos el fortalecimiento institucional en nuestras policías y corporaciones de procuración de justicia. No obstante, es urgente que se le de un adecuado marco legal, sin poner en riesgo los derechos humanos.
El Poder Legislativo ni siquiera se ha dado el tiempo de discutir la iniciativa de mandos policiales estatales únicos. Pedimos que la incluyan en la agenda de pendientes urgentes, o que en su caso presenten propuestas viables.
Es urgente y prioritario que las entidades federativas avancen más rápido en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal. Es inaceptable que después de tres años de su aprobación y millones de pesos gastados, no se vean avances significativos ni la velocidad y empeño que exige la situación del país.
Reconocemos la trascendencia de las reformas recientemente aprobadas en materia de lavado de dinero y exhortamos a los legisladores y al Ejecutivo Federal a acelerar su puesta en operación.
El tema de la seguridad pública y procuración de justicia, se ha politizado. Esto entorpece la superación del problema, que requiere de consensos en la sociedad, un frente unido y disposición para llevar a cabo cambios de fondo: unificación de los códigos y procedimientos penales; autonomía del ministerio público; consolidación de observatorios ciudadanos del delito con carácter vinculante y un gran esfuerzo educativo para regenerar el tejido social y dar alternativas a nuestros niños y jóvenes.
Menos retórica, más acciones y rendición puntual de cuentas. No queremos esperar hasta agosto, cuando se cumpla un aniversario más del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, para constatar nuevamente el incumplimiento de compromisos firmados.
¿Cuántos millones de mexicanos se necesita que se manifiesten en las calles para reaccionar? Ya basta. México merece un mejor presente y un futuro con esperanza para todos.
Nuestra total solidaridad para todas las víctimas y los hombres y mujeres que están dando su vida para tener un México más seguro y justo para todos.
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