Mas noticias en http://noti.mx ...me hizo soñar San José, 28 de abril de 2011. CEJIL se suma a las condenas por el asesinato de Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva.
Javier Torres Cruz fue asesinado el 18 de abril pasado en las cercanías de su comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. Desde diciembre de 2008, existía una solicitud de medidas cautelares pendiente de ser resuelta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de él y su familia. La CIDH había solicitado información sobre el asunto en reiteradas oportunidades al Gobierno.
A partir del 2007, Javier Torres Cruz y varios de sus familiares habían sido víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados. Estas agresiones eran de conocimiento de las autoridades mexicanas, pero ni ellas fueron investigadas de modo apropiado ni se les proveyeron medidas de protección adecuadas.
Ante el asesinato de Javier Torres, CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que proteja inmediatamente a sus familiares, quienes corren un peligro inminente. Asimismo, insta a las autoridades correspondientes para que investiguen exhaustivamente este hecho y procesen y sancionen a los responsables.
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, señaló: "El asesinato de Javier Torres evidencia la situación de riesgo y desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras en México. Como hemos visto durante el último año, la situación es particularmente alarmante en Guerrero donde la propia Corte Interamericana ha intervenido requiriendo la tutela de la vida de otros activistas. Ahora bien, una vez que el Gobierno es alertado de la existencia de un riesgo tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la libertad de trabajar de los defensores y defensoras de derechos humanos. Las actitudes omisas también acarrean responsabilidad moral, política y jurídica por las muertes prevenibles. Es impostergable que el presidente Calderón asuma una política pública que refleje su comprensión y respeto por la labor de los y las defensores de derechos humanos; es por ello que insistimos en la creación de un mecanismo de protección a nivel federal".
En este sentido, recordamos que en octubre de 2010, en audiencia ante la CIDH, el Estado mexicano reconoció la necesidad de entablar el diálogo con la sociedad civil sobre la instauración de un mecanismo de protección de defensores y defensoras, durante una audiencia específica impulsada por ONG mexicanas. Sin embargo, el Gobierno no ha avanzado en esa dirección.
Hechos como el asesinato de Javier Torres Cruz denotan la necesidad de que el Estado mexicano institucionalice, de una vez por todas, un mecanismo de protección
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